América Latina
islas y castigo, de 1760 al siglo XX
Aa Aa Aa
By Christian G. De Vito (tr. Manuela Noriega)

Durante el período colonial tardío y después de la Independencia de las Repúblicas de España (aproximadamente entre 1810 y 1830) las islas de América Latina se utilizaron repetidamente como sitios de castigo y exilio para reos comunes y perseguidos políticos; la elite y la no elite; y, casi sin excepción, presos masculinos. Los principales objetivos de la deportación incluyeron: expulsar a individuos percibidos como peligrosos de las zonas urbanas y rurales del continente; colonizar territorios insulares o reclamar la soberanía sobre ellos; asegurar las fronteras contra posibles invasiones extranjeras; y, finalmente, proporcionar mano de obra en regiones fronterizas. No hay duda de que existió una distancia entre los planes e intereses de las elites y la realidad práctica. Esto se debió a desacuerdos políticos, falta de recursos financieros y la propia agencia de los convictos. Como resultado de dicha contradicción, el uso de lugares para objetivos penales fue frecuentemente interrumpido. Sin embargo, nuevas ideas criminológicas, cambios políticos y la necesidad de reducir el número de los reclusos de las penitenciarías cada vez más atestadas, aumentaron constantemente la necesidad de  deportar criminales hizo que las islas carcelarias fueran una característica a largo plazo del paisaje punitivo latinoamericano en el siglo veinte.

 

El período colonial tardío, de 1760 a 1830

El transporte penal hacia y dentro de América Latina en el período colonial tardío consistió principalmente en el exilio y la deportación a puestos militares (presidios). Estas no fueron técnicamente colonias penales, ya que presentaban una población mixta de soldados, colonos, nativos y convictos con un nivel considerable de movilidad entre estas categorías. Dentro de los presidios, los convictos sentenciados realizaron principalmente dos  tipos de actividades. Primero, fueron empleados en la construcción de infraestructuras militares y no militares, tales como cuarteles, casas, carreteras y puentes. De lo contrario, fueron organizados por los militares – después de haber sido condenados por tribunales militares y tras la conmutación de su condena por tribunales no militares, o porque habían incurrido en el delito de vagancia. (Para más información sobre el transporte de presidiarios en la época colonial tardía, véase “Convict Voyages in the Spanish Empire, 1760s-1800”).

Los presidios se ubicaron especialmente en dos ambientes distintos. En los centros urbanos como La Habana, Veracruz, Lima, Buenos Aires y Montevideo que después de la independencia se convirtieron en cárceles y penitenciarías cuyos prisioneros fueron incluidos en actividades intramurales y obras públicas fuera de los muros de la prisión.

Por otro lado, los puestos militares que se ubicaron en las fronteras de los nuevos países latinoamericanos funcionaron como una doble protección contra los ataques de los pueblos indígenas y de los rivales realistas. En la segunda mitad del siglo XVIII estos presidios fronterizos se agruparon en cinco áreas de América Latina: las regiones norte y sur de la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces todavía pequeña; a lo largo de la frontera (inestable) con los dominios portugueses en Brasil; a lo largo de la costa de la Patagonia; en las regiones de Araucanía y Chiloé; y en la frontera con las poblaciones nativas a lo largo del río Bío Bío.

La naturaleza peculiarmente extensa del imperio español “terrestre” en América Latina hizo que el control de la Corona sobre esas regiones fuera tan precario como costoso. Por ello, con el fin de mejorar la presencia militar española a lo largo de las fronteras, los asentamientos y poblaciones generalmente no se crearon en las islas sino en el continente. Sin embargo, existieron dos excepciones significativas que se convirtieron en destino de convictos en las últimas décadas del siglo XVIII: las Islas Malvinas (Falkland) y las Islas Juan Fernández. Si bien los flujos migratorios fueron cuantitativamente pequeños, su continuidad es interesante.

En estos dos sitios, un promedio de pocas decenas de convictos y militares condenados constituían un porcentaje significativo de las pequeñas poblaciones de los presidios (que usualmente no superaban los 200 habitantes). La creación y mantenimiento de ambos asentamientos y el transporte de convictos hacia ellos, desempeñaron un papel importante en la exigencia de la soberanía española no sólo sobre esos territorios sino en las aguas que rodearon a los dominios hispanoamericanos en su conjunto. Además, protegían las principales rutas comerciales a lo largo del Cabo de Hornos y las Filipinas del expansionismo extranjero (especialmente británico). A su vez, el transporte forzoso a la isla de Martín García, situada en el delta del Río de la Plata, se vinculó más estrechamente en el sistema de castigo de la ciudad de Buenos Aires e importante para la preservación de la frontera al norte de ataques portugueses.

El siguiente mapa muestra la ubicación de las tres islas mencionadas y las otras áreas de destino del transporte de convictos a las fronteras de la América latinoamericana tardía.

 

Después de la Independencia

El proceso de Independencia para las repúblicas abarcó desde la década de 1810 hasta la de 1830 y en ocasiones implicó el exilio de los opositores de la monarquía española a las islas. Por ejemplo, 50 patriotas chilenos fueron deportados de Santiago a Juan Fernández después de la batalla de Rancagua, en octubre de 1814. Además, en las frecuentes pugnas políticas que enfrentaron a liberales y conservadores en cada nuevo estado nacional durante el primer siglo posterior a la Independencia, la deportación a las islas fue un castigo frecuentemente empleado. Para citar el caso de las islas Juan Fernández de nuevo, la deportación de los partidarios de los hermanos Carrera en 1821 fue seguida por la de los pipiolos a principios de 1830 y en 1851 se deportaron a otros 130 activistas liberales. Todos ellos, por supuesto, vinieron de Chile, ya que la deportación política, que por lo general se había dirigido a la península española durante el período colonial, ahora tenía que ser desviada a sitios de castigo en las fronteras de los nuevos estados-nación. Todos ellos, por supuesto, provenientes de Chile, ya que la deportación política que por lo general se había dirigido a la península española durante el período colonial, tuvo que ser desviada a lugares de castigo en las fronteras de los nuevos estados-nación. Esta limitación espacial provocó la formación de islas penales en nuevas localidades durante las primeras décadas posteriores a la independencia, aunque su conexión con periodos específicos de crisis política provocó la interrupción frecuente de los nuevos asentamientos penales. Por ejemplo, en febrero de 1832 las Islas Galápagos fueron anexadas al territorio nacional, renombrándolas como el “Archipiélago del Ecuador”, la isla de Floreana fue poblada en octubre de ese año con unos cuantos agricultores, artesanos y un grupo de prisioneros y convictos militares. La colonia penal fue interrumpida de facto en 1837. Sin embargo, entre 1850 y 1860 los convictos fueron transportados a la prisión que se había abierto allí. Esto sucedió otra vez entre 1869-1878 y entre 1879-1904, los condenados fueron utilizados como trabajadores “arrendados” a los empresarios privados que intentaban establecer plantaciones en algunas de las islas.

La Independencia no condujo automáticamente a que los nuevos estados-nación consiguieran un control total de sus territorios. Aunque las potencias coloniales extranjeras dejaron de constituir una amenaza, los conflictos militares estallaron frecuentemente entre las nuevas repúblicas cuando se impugnaban demandas sobre territorios fronterizos. En este contexto, los convictos seguían siendo obligados a unirse a los ejércitos nacionales y locales. Por otra parte, las fronteras con los pueblos originarios que habían sido disputadas durante el período colonial, permanecieron en gran medida sin colonizar y se convirtieron en las fronteras de las nuevas repúblicas. Esta resultó ser una continuidad sorprendente del transporte penal hacia las fortificaciones militares en el continente, con los convictos todavía establecidos en guarniciones locales y forzados a construir la infraestructura militar y no militar. La tendencia continuó durante y después de la ocupación militar de los territorios nativos ya que los presos formaban parte de los ejércitos y de la fuerza laboral que construía asentamientos, puentes, carreteras y ferrocarriles. A medida que avanzaba la frontera, las islas de América Latina asumieron un papel cada vez más importante como lugares de deportación. Por ejemplo, el proceso de ocupación del Cono Sur mediante acciones militares conjuntas de los gobiernos argentino y chileno, a partir de las últimas décadas del siglo XIX desencadenó una pugna reclamando soberanía sobre la Patagonia, Magallanes y Tierra del Fuego. En el proceso fueron creados los en Punta Arenas (Chile, 1863) – al margen del continente – y en la Isla de los Estados, luego en Ushuaia (Argentina, 1893) que contó con la presencia de convictos civiles y militares. Esta última apartó las instituciones penales durante los primeros años del siglo XX.

La colonia penal de Ushuaia, en particular, fue excepcional pues reflejaba un exitoso proceso de colonización, asentamiento del territorio y la diversificación entre las infraestructuras penal, militar y civil. La mayoría de colonias penales creadas a fines del siglo XIX en otras islas latinoamericanas resultaron mucho más inestables y discontinuas, al igual que el proceso de colonización de personas libres que a menudo se superpusieron a las poblaciones de convictos. De hecho, como han señalado Ricardo D. Salvatore y Carlos Aguirre, la mayoría de los asentamientos penales no eran más que “vertientes” temporales para los condenados deportados y como tal eran encarnación de la enorme brecha que existía entre los proyectos de las elites nacionales de “modernización” frente a una realidad compuesta por la violencia, las terribles condiciones de vida y la escasez presupuestaria. A pesar de estas importantes limitaciones, especialmente entre la década de 1880 y el comienzo del nuevo siglo, se produjo una notable expansión del número de colonias penales en las islas, junto con la reactivación de sitios de deportación utilizados anteriormente. El mapa de abajo muestra este fenómeno señalando algunas islas penales:

Para interpretar este renovado atractivo de las islas de América del Sur como destinos de deportación penal, es tentador resaltar la coincidencia de su surgimiento con la edad de oro de la criminología positivista, reflejada en la composición de las poblaciones convictas. Aunque el número de presos condenados disminuyó a medida que el modelo penitenciario se extendió por todo el continente, muchos individuos no sentenciados fueron cada vez más deportadas a las islas, a manera de medida preventiva. Este proceso de exclusión extrajudicial estaba vinculado a 4 niveles de discurso y prácticas: primero, la conceptualización exclusiva de la ciudadanía en los nuevos estados-nación, que veía a esos individuos como no pertenecientes a la comunidad nacional; segundo, la legitimación “científica” proporcionada por la criminología positivista para la expulsión (simbólica y física) de la sociedad de las personas etiquetadas como “criminales nacidos”; en tercer lugar, una nueva legislación que introdujo diversas medidas de seguridad, incluida la deportación y la relegación por infracciones administrativas en lugar de delitos; finalmente como cuarto punto, la creciente organización del control policial, especialmente en las zonas urbanas que permitió seleccionar grupos de individuos y aplicar esas medidas exclusivas.

 

¿Epílogo?

A pesar de las distintas historias de cada colonia penal, las características generales descritas en la sección anterior fueron pertinentes hasta bien entrado el siglo XX. Durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), la infame base naval de Ushuaia fue utilizada como sitio de deportación para presos políticos, donde sufrieron tortura y muerte. La isla de Quiriquina, en la bahía de Concepción, desempeñó un papel similar durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, con alrededor de 1.000 presos políticos internados y torturados entre septiembre de 1973 y fines de 1974. En otros casos, la radical exclusión de los deportados se simbolizaba a menudo por la naturaleza violenta y humillante del trabajo que se veía obligado a hacer. Este fue el caso del muro de lágrimas que los presos fueron construidos a finales de la década de 1940 en la isla de Santa Isabela, en el archipiélago de Galápagos. De hecho, se trataba del muro que rodeaba las colonias penitenciarias y estaba compuesto por 100 kilogramos de piedras transportadas por los convictos a mano. El cierre de esa colonia penal en marzo de 1959, similar al de otros asentamientos penales en la Isla Gorgona (Colombia) en los años ochenta y las Islas San Lucas (Costa Rica) en la década de 1990, no fue el resultado directo de los cambios en el discurso penal y Prácticas de exclusión y segregación. Más bien, fue el efecto del creciente interés en la explotación de los recursos naturales de esos sitios para el turismo internacional, un objetivo que conciliaba los intereses a menudo conflictivos de los gobiernos nacionales y los colonos locales, al menos en la medida en que se oponían a la presencia de “delincuentes” en esos territorios. A su vez, este interés comercial por el patrimonio local integró selectivamente la deportación y la segregación pasadas en las islas a la narrativa de guías de viaje locales, representadas en mapas y rutas turísticas.

 

Bibliografía adicional

Carlos Aguirre, The Criminals of Lima and Their World: The Prison Experience, 1850-1935 (Durham and London: Duke University Press, 2005).

Carlos A. Aguirre y Robert Buffington, eds, Reconstructing Criminality in Latin America (Wilmington: Scholarly Resources Inc., 2000).

Robert M. Buffington, Criminal and Citizen in Modern Mexico (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2000).

Antonio Constante Ortega, Basalto: Etapa de terror y lágrimas durante la colonia penal en Isabela (Memorias de un Colono de Galápagos) (Guayaquil, Gráficas Pato, 2006).

Pablo Piccato, City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931 (Durham and London: Duke University Press, 2001).

Ricardo D. Salvatore y Carlos Aguirre, “Colonies of Settlement or Places of Banishment and Torment? Penal colonies and convict labour in Latin America, c. 1800-1940,” en Christian G. De Vito y Alex Lichtenstein, eds, Global Convict Labour (Leiden and Boston: Brill, in press).

Ricardo D. Salvatore y Carlos Aguirre, eds, The Birth of the Penitentiary in Latin America: Essays on Criminology, Prison Reform, and Social Control, 1830-1940 (Austin: University of Texas Press, 1996).

Ricardo D. Salvatore, Carlos Aguirre y Gilbert M. Joseph, eds, Crime and Punishment in Latin America: Law and Society since Late Colonial Times (Durham and London: Duke University Press, 2001).